El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una contradicción en materia de seguridad: pretende fortalecer la autoridad del Estado mientras genera conflictos con instituciones indispensables para ejercerla. El retiro del reglamento de Seguridad Municipal, anunciado días después de su presentación, constituye el ejemplo más reciente. También se presentan dificultades en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), lo que permite identificar un problema de conducción, dado que la ambición de las medidas anunciadas choca con la capacidad política para hacerlas viables.
El reglamento de seguridad municipal vinculaba el incumplimiento de obligaciones de verificación de requisitos para determinados cargos de seguridad con responsabilidades administrativas y un eventual cese del alcalde. El Ejecutivo argumentaba que remitía a la causal existente de notable abandono de deberes. El 15 de septiembre, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió el documento y anunció aclaraciones, descartando su retiro. Sin embargo, apenas un día después, el propio gobierno anunció su retiro.
Como resultado, una norma destinada a ordenar la colaboración territorial generó desconfianza entre quienes debían ejecutarla, llevando finalmente al gobierno a retirar el reglamento de seguridad municipal.
La debilidad que revela este episodio radica en la dificultad para convertir una prioridad presidencial en una tarea compartida. La seguridad requiere cooperación cotidiana entre autoridades con competencias y responsabilidades distintas. El deterioro de esa relación durante la elaboración de las normas introduce un obstáculo que el Ejecutivo debería prever.
Entretanto, la agenda de fondo constituida por la ACOT enfrenta una tensión similar en otra escala. El 10 de agosto, Kast firmó una reforma constitucional que contempla un nuevo estado de excepción ante graves alteraciones de seguridad provocadas por organizaciones criminales o terroristas. La propuesta forma parte de una agenda más amplia de iniciativas penales, policiales y penitenciarias.
No obstante, a fines de agosto el Gobierno asignó urgencia simple a esa reforma y concentró la discusión inmediata en otros diez proyectos. La decisión evidencia una corrección de prioridades legislativas. Desde el punto de vista político, obliga a cuestionar por qué una pieza presentada como central no contó desde su impulso inicial con condiciones suficientes para avanzar al ritmo pretendido.
En este contexto, resulta difícil comprender las razones que fundamentan la negativa constante del gobierno y los partidos de derecha para impulsar el levantamiento del secreto bancario, una medida efectiva para detectar tempranamente el dinero proveniente del crimen organizado y el narcotráfico.
Actualmente, el proyecto de Subsistema de Inteligencia Financiera, ajeno a la ACOT, mantiene diferencias en la comisión mixta sobre el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial. Ese debate plantea una exigencia sustantiva: explicar cómo se articularán las nuevas facultades policiales con herramientas eficaces para investigar el financiamiento criminal.
Según los datos disponibles, la responsabilidad recae en La Moneda por la falta de elaboración de normas claras y las serias dificultades para construir acuerdos y organizar su ejecución.
Con Información de elradar.cl
