Amnistía Internacional advirtió que las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) despachadas por el Congreso «abren la puerta a que puedan repetirse graves violaciones de derechos humanos». En el panel de conversación de Radioanálisis, el diputado Marcos Barraza (PC) y el analista político Cristián Pertuzé debatieron sobre la interpretación del principio de proporcionalidad y el uso de fuerza letal contemplado en la normativa.
Después de más de tres años de debate, el Senado despachó a ley las Reglas de Uso de la Fuerza en medio de cuestionamientos de la oposición por excluir el principio de proporcionalidad y con reservas de constitucionalidad presentadas por ese sector.
La normativa establece un marco general para el uso de la fuerza por parte de policías y militares en el cumplimiento de sus funciones. Define reglas y etapas que van desde el despliegue disuasivo y la persuasión verbal hasta el control físico, el empleo de elementos menos letales y, en determinadas circunstancias, la fuerza potencialmente letal. Se rige por los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad.
El director de Amnistía Internacional para Chile, Rodrigo Bustos, cuestionó el alcance de la normativa y aseguró que «no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos». Si bien la organización considera fundamental que el uso de la fuerza esté normado, sostiene que el texto presenta diversas falencias. «Es preocupante que no contemplen adecuadamente la rendición de cuentas y no incluyan el principio de proporcionalidad», criticó.
Bustos agregó: «Debilitaron referencias esenciales a la prohibición de la tortura y a la protección de grupos de especial protección como niñas, niños y adolescentes. A ello se agrega que se amplió excesivamente la posibilidad de utilizar la fuerza letal». En su opinión, esto «abre la puerta a que puedan repetirse graves violaciones de derechos humanos, otorgando un margen excesivo de actuación a las policías y la fuerza armada y dejando a la ciudadanía en una situación de mayor desprotección».
En el debate, Pertuzé valoró que «al menos tenemos una ley», luego de que una de las grandes críticas al país fuera que el uso de la fuerza estaba regulado en normas infralegales. No obstante, reconoció que «hubiera preferido que estuviese (en la ley)» el principio de proporcionalidad.
«Las leyes no son perfectas y tienen que funcionar permanentemente. Y bueno, está el tema de reformularse si efectivamente vemos que esto no funciona», señaló. Además, sostuvo que «siempre va a haber un control por parte del Poder Judicial. Aquí las leyes no es que no se les pueda aplicar (a policías y Fuerzas Armadas). Tiene que haber una investigación, tiene que haber un proceso, más allá de que después apliquen la ley. Y ahí va a actuar el Ministerio Público principalmente».
El analista admitió que puede existir «un mal uso» y que «lo que hay que tratar de hacer es perfeccionar las leyes». En esa línea, planteó que «tenemos que ver con mucha altura de mira cómo formamos bien a nuestros carabineros para que actúen de buena forma».
Barraza, por su parte, señaló que el Poder Judicial debe actuar conforme a reglas generales, en este caso la ley. «Es una regla general que elimina la proporcionalidad y utiliza el concepto racionalidad. Y la racionalidad tiene una connotación absolutamente más subjetiva y no graduada desde el punto de vista del uso de la fuerza», argumentó. A su juicio, se trata de «una regla general de interpretación y de aplicación que al tribunal le va a tener que hacer prevalecer».
El diputado ejemplificó: «Si una persona tiene una orden de detención por deuda de alimento, la van a detener, la persona se resiste y huye, estaría habilitado el uso de la fuerza letal, no estando amenazada la vida del policía que lo detiene». Y añadió que «la palabra huir connota la habilitación del uso de la arma letal, entonces, no es un problema de ser buenistas en términos de buen juicio, sino que la regla general es la que habilita el uso del arma letal. Entonces, queda distorsionada la proporcionalidad».
Pertuzé replicó que no se habilita a disparar porque una persona huya, aunque reconoció que puede ocurrir. En ese contexto, cuestionó «¿es racional o no es racional?» el uso de la fuerza letal en ese caso. «Ahí, sin lugar a dudas, el Ministerio Público, la Fiscalía, los jueces (…) ahí están los check and balance, los controles, en definitiva, de poder ir definiendo y se va sentando la jurisprudencia sobre el punto», añadió.
Barraza respondió que «lo que se está afectando es la legitimidad, porque se está dando discrecionalidad a un uso letal en circunstancias que tiene que ser proporcional a la amenaza que experimenta el policía». A su juicio, «eso altera el principio de legitimidad del uso del monopolio de la fuerza, es gravísimo en términos de convivencia democrática. Eso es posible a partir de una instrumentalización que hacen el Gobierno y la derecha de las policías, porque le hacen un flaco favor».
El parlamentario cuestionó que «no puede estar supeditado al buen juicio de un tribunal, es una regla (el principio de racionalidad) de interpretación. Convengamos que es una regla general de interpretación que hoy día puede habilitar a un mal uso».
Con Información de radio.uchile.cl
