La seguridad ciudadana constituye la principal demanda de la población y, pese a los recientes esfuerzos legislativos por regular el trabajo de los guardias municipales, las fiscalizaciones de organismos públicos evidencian profundas vulnerabilidades estructurales en los gobiernos locales chilenos.
Una fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia (CPLT) determinó que 73 municipalidades de Chile, equivalentes al 21% del total nacional, no tenían publicados sus planes comunales de seguridad pública.
La revisión se efectuó entre enero y febrero de 2026 y abarcó los sitios web y portales de transparencia de las 345 municipalidades del país. El organismo examinó diez categorías de información cuya publicación exige el mandato de distintas leyes, entre ellas antecedentes sobre seguridad, proyectos inmobiliarios, protección de la niñez e inclusión laboral de personas con discapacidad. Las principales deficiencias que obstaculizan el seguimiento y control de la seguridad territorial se concentran en tres ejes.
Falta de transparencia y opacidad en los planes locales
Según el control del CPLT, las 73 municipalidades que mantienen sin publicar sus Planes Comunales de Seguridad Pública dejan a los vecinos sin posibilidad de conocer el diagnóstico delictual de su barrio ni las metas comprometidas.
Además, en 174 municipios los períodos de vigencia de los planes difundidos en sus plataformas no coinciden con los registros de los organismos centrales del Estado.
A ello se suma la falta de rendición: más de 300 municipalidades registraron omisiones al no remitir de manera completa su documentación de seguridad pública comunal a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD).
Infraestructura deficiente y fallas operativas
Informes de la Contraloría General de la República han detectado graves deficiencias en los sistemas de televigilancia urbana en múltiples comunas de la Región Metropolitana y del Biobío. En los casos más críticos, la gran mayoría de los dispositivos instalados no se encuentra operativa.
Las auditorías también constataron la ausencia de patrullajes preventivos municipales efectivos, debido a carencias logísticas y de personal protegido.
Disparidad en la institucionalidad formal
Cerca de un 31% de los municipios de Chile sigue operando sin una Dirección de Seguridad Pública formal dentro de su organigrama administrativo.
Estudios de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y de universidades reflejan una alta desigualdad económica entre comunas. Los territorios con menos recursos y las zonas rurales carecen del presupuesto básico para desplegar tecnología o contratar personal en terreno, quedando sujetos a la asignación discrecional de fondos del gobierno central.
Esta desconexión de información y la debilidad estructural de los municipios impiden cruzar datos precisos con Carabineros de Chile o la PDI, lo que fragmenta las políticas de prevención del delito justo en el eslabón más cercano a la ciudadanía.
Con Información de revistaseguridad.cl
