Un estudio de CLAPES UC estima que el costo de la delincuencia en Chile alcanzó durante 2025 el equivalente al 3,03% del PIB, mientras que el gasto en seguridad privada se multiplicó por casi ocho desde 2013. La prevención del delito se ha transformado, de este modo, en una responsabilidad económica creciente para empresas y particulares.
La delincuencia en Chile dejó de ser un asunto exclusivamente policial, judicial o de orden público: sus efectos trascienden esos ámbitos y hoy configuran un fenómeno con profundas consecuencias económicas sobre la productividad, la inversión, el patrimonio de las personas y la competitividad del país.
Esa dimensión quedó de manifiesto en un informe de CLAPES UC, que calculó en US$ 10.540 millones el costo económico de la delincuencia en Chile durante 2025, monto equivalente al 3,03% del Producto Interno Bruto (PIB).
La magnitud de la cifra permite dimensionar el alcance real del problema: las consecuencias de la actividad delictual no se limitan al valor de los bienes sustraídos, los daños materiales o las pérdidas de las víctimas, sino que incluyen también los recursos que hogares y empresas destinan a protegerse, anticiparse a los delitos y reducir su exposición a distintas amenazas.
En definitiva, la inseguridad genera una factura económica que compromete prácticamente a toda la sociedad.
Entre los antecedentes más relevantes del informe figura el aumento del gasto orientado a prevenir la delincuencia. Según CLAPES UC, los recursos destinados a anticiparse al delito pasaron de US$ 1.627 millones en 2013 a US$ 6.327 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de 3,9 veces en doce años.
Dentro de esa categoría, la seguridad privada constituye uno de los componentes más importantes: su gasto subió de US$ 510 millones en 2013 a US$ 4.067 millones en 2025, prácticamente ocho veces más.
La contratación de guardias, la instalación de cámaras de videovigilancia, los sistemas de alarmas, los controles de acceso, el transporte de valores y las soluciones tecnológicas de protección se han vuelto necesidades habituales para numerosas organizaciones. Para las empresas que administran instalaciones industriales, centros logísticos, establecimientos comerciales, infraestructura crítica y operaciones mineras, la seguridad dejó de ser un componente secundario y pasó a ser una variable que incide directamente en sus costos operacionales.
Otra conclusión destacada de la investigación apunta a quién está asumiendo el costo de esta realidad. Durante 2025, los costos privados asociados a la delincuencia llegaron a aproximadamente US$ 8.200 millones, mientras que los costos públicos se ubicaron en torno a los US$ 2.300 millones.
Eso significa que la mayor parte de la carga económica la absorben empresas, hogares y personas.
El fenómeno plantea interrogantes relevantes sobre el papel que está adquiriendo la seguridad privada en Chile. Aunque el Estado conserva sus responsabilidades en prevención, persecución penal y mantenimiento del orden público, las organizaciones y las personas están elevando sus propios presupuestos para protegerse.
Los investigadores de CLAPES UC advierten que esta evolución podría interpretarse como una progresiva privatización de un bien público: la seguridad.
Se trata de una discusión especialmente pertinente si se considera que la capacidad económica para implementar medidas de protección no es igual para todos. Mientras una gran empresa puede financiar infraestructura tecnológica, vigilancia permanente y sistemas de monitoreo, una pequeña compañía o una familia dispone de recursos mucho más limitados.
El crecimiento del gasto en seguridad también refleja la importancia estratégica que está tomando la tecnología en la prevención de delitos. La videovigilancia inteligente, los sistemas de reconocimiento y análisis de imágenes, los controles de acceso, la detección perimetral, los centros de monitoreo y las plataformas de integración tecnológica ganan un peso creciente dentro de las estrategias de protección de activos.
Ya no se trata únicamente de reaccionar ante un delito consumado, sino de desarrollar capacidades que permitan anticipar amenazas, detectar comportamientos sospechosos y reducir las oportunidades de cometer ilícitos.
Esta realidad cobra especial importancia en sectores como la minería, el comercio, la logística, el transporte y la industria, donde un robo puede generar consecuencias que superan ampliamente el valor económico de las especies sustraídas.
En instalaciones mineras, por ejemplo, la sustracción de cobre, combustibles, vehículos, maquinaria o componentes industriales puede provocar interrupciones operacionales, pérdidas de productividad y costos adicionales asociados a la recuperación de las faenas.
En ese escenario, la seguridad privada y la tecnología dejan de representar exclusivamente un gasto de protección y se convierten en herramientas de continuidad operacional y resguardo de inversiones.
El estudio de CLAPES UC también aborda la brecha entre la percepción de inseguridad y las estadísticas de victimización. De acuerdo con los antecedentes citados por el centro, el 82,9% de las personas consideraba que la delincuencia había aumentado en Chile durante los últimos doce meses, según la ENUSC 2025.
Sin embargo, la victimización de hogares registró una leve disminución, al pasar de 38,2% en 2024 a 37,7% en 2025.
La diferencia demuestra que la preocupación ciudadana no evoluciona necesariamente al mismo ritmo que los indicadores de victimización. La exposición mediática de determinados delitos, la gravedad de los hechos y la sensación de vulnerabilidad también influyen en la percepción de riesgo.
El resultado es un escenario en el que las decisiones de inversión en seguridad responden tanto a la ocurrencia efectiva de delitos como a la necesidad de reducir la incertidumbre y recuperar la confianza.
Los US$ 10.540 millones estimados por CLAPES UC constituyen una señal económica que amerita especial atención por parte de las autoridades, el sector empresarial y la industria de la seguridad.
El problema no consiste únicamente en cuánto dinero pierde Chile a causa de la delincuencia, sino también en cuánto deben gastar sus habitantes y organizaciones para evitar convertirse en víctimas.
De hecho, los investigadores precisan que la estimación constituye una cota inferior del costo social, debido a que no incorpora completamente factores como los cambios de conducta provocados por el temor ni los daños psicológicos asociados a la inseguridad.
El desafío consiste en avanzar hacia una estrategia integral que combine políticas públicas eficaces, fortalecimiento de las capacidades policiales, persecución del delito, cooperación público-privada y mayor inversión en prevención y tecnología.
La seguridad no puede seguir entendiéndose solo como un gasto: es también una condición indispensable para el desarrollo económico, la continuidad de las actividades productivas, la protección del patrimonio y la calidad de vida de las personas.
Cuando un país destina miles de millones de dólares a protegerse de la delincuencia, la discusión deja de ser exclusivamente policial y se convierte en un asunto de desarrollo económico, competitividad y responsabilidad social.
Con Información de revistaseguridad.cl
