La red desmantelada por la Policía de Investigaciones (PDI) en noviembre de 2026, en el marco de la Operación Vector, utilizaba el tiro deportivo como fachada para adquirir municiones de manera legal y luego desviarlas al mercado ilícito. El principal involucrado compró 17.250 cartuchos de distintos calibres desde 2025 para abastecer a bandas criminales de la Región Metropolitana.
El esquema operó durante meses con notable precisión. El deportista adquiría cajas de 50 cartuchos calibre 9 milímetros al precio del mercado formal, unos $35.000 pesos chilenos por caja. Pocas horas después, esa misma caja cambiaba de manos en los pasillos de la población por $120.000, lo que representa un margen comercial del 240% y convirtió el registro legal de armas en una rentable fuente de abastecimiento para el crimen organizado de la capital.
Las sospechas surgieron cuando el cruce de datos evidenció una anomalía estadística: un volumen de compras que superaba con creces la actividad física del tirador. Mientras las planillas de los clubes de tiro confirmaban su ausencia absoluta en las canchas de juzgamiento, los registros de importadoras y armerías contabilizaban más de 17.250 cartuchos adquiridos a su nombre entre 2025 y 2026. La munición de origen legal simplemente desaparecía en el mercado negro.
Sobre el modus operandi, la investigación estableció que el principal imputado mantenía 6 armas de fuego inscritas legalmente y un registro vigente como tirador deportivo, condición que le permitía comprar grandes volúmenes de munición en el mercado formal. Pese a adquirir miles de cartuchos, se confirmó que no asistía a los recintos o clubes de tiro registrados.
En cuanto al margen de reventa, compraba la caja de 50 cartuchos calibre 9 mm a valor de mercado ($35.000 CLP aprox.) y la introducía en el mercado negro por montos cercanos a los $120.000 CLP, con lo que triplicaba su valor comercial. El volumen total determinado alcanzó al menos 17.250 cartuchos entre 2025 y 2026, destinados a abastecer a bandas de la capital.
El sistema de control de armas en Chile, regulado por la Ley N.º 17.798 y administrado por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) junto con Carabineros de Chile, presenta brechas estructurales. Estas fallas permiten que la figura legal del tirador deportivo o cazador sea utilizada como una vía para abastecer el mercado ilegal de municiones.
Una de esas brechas es la asimetría en la asignación de cupos de compra. Mientras un usuario con un arma inscrita para defensa personal solo puede adquirir hasta 100 o 500 cartuchos anuales, la normativa concede a los inscritos en la categoría de deportistas o cazadores cupos de hasta 3.000 unidades anuales por arma, con un tope de almacenamiento de 2.000 cartuchos en el domicilio.
A ello se suma la acumulación por tenencia: si una persona cuenta con 4 o 5 armas deportivas registradas, su cupo de adquisición anual se multiplica, lo que le permite comprar legalmente decenas de miles de proyectiles al año sin justificar un rendimiento o una participación competitiva activa.
Otro punto débil es la desconexión en la verificación del uso real. La ley exige estar afiliado a un club o federación de tiro para mantener la calidad de deportista, pero no existe un sistema en línea o interoperable que obligue a los clubes a registrar la asistencia efectiva del usuario ni el consumo de munición in situ. La auditoría resulta pasiva: la DGMN y las Autoridades Fiscalizadoras (AA.FF.) comprueban la vigencia de la membresía del club, pero no verifican si las municiones compradas fueron efectivamente percutadas en prácticas o torneos.
La trazabilidad balística de la cartuchería también es limitada. Aunque las armas de fuego poseen números de serie obligatorios inscritos en el Registro Nacional de Armas, las cajas de municiones 9 mm, .40 o de otros calibres no cuentan con un marcaje único por cartucho asignado a la cédula del comprador. Por ello, cuando la policía incauta cartuchos sueltos en un procedimiento criminal, resulta complejo vincular balística o administrativamente ese lote específico a la armería que lo vendió o al deportista legal que lo adquirió, salvo que se incauten en sus envases originales o mediante escuchas telefónicas y seguimiento físico.
En materia de fiscalización domiciliaria, el control se focaliza en el arma y no en la munición. El control domiciliario de Carabineros prioriza constatar la presencia física de las armas inscritas en el domicilio declarado, mientras que el conteo del stock de munición almacenada es difícil de auditar en la práctica, especialmente si el usuario declara haber consumido los cartuchos en recintos deportivos. Se agrega una brecha de personal e insumos: la cantidad de fiscalizadores asignados a las Autoridades Fiscalizadoras Locales es acotada frente al universo total de armas y permisos de transporte vigentes a nivel nacional.
Para cerrar la brecha que permite el desvío de cartuchería formal hacia bandas criminales, se han planteado diversos ajustes a la normativa y a la reglamentación complementaria.
Una de las propuestas es una plataforma digital integrada, que interconecte en tiempo real las ventas de las armerías con el registro de la DGMN y las planillas de tiro de los clubes federados. Otra es el requisito de consumo en polígono, que modificaría los reglamentos para que las compras de alto volumen solo puedan ser retiradas o consumidas directamente en las instalaciones del club de tiro registrado. Una tercera opción es el control de cupos escalonado, que condicionaría el cupo de 3.000 cartuchos anuales exclusivamente a deportistas federados de alto rendimiento o de categoría nacional, aplicando topes más restringidos para tiradores recreativos.
Con Información de revistaseguridad.cl
