El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast destinará un total de $7,03 billones a la seguridad pública, lo que representa un incremento de 9,1% respecto de 2026. El monto contrasta con la expansión del gasto público global, que apenas llegará al 1,5% en un presupuesto calificado de austero.
Se trata del primer erario elaborado íntegramente por la administración de Kast y constituye una hoja de ruta financiera que busca traducir en recursos la agenda contra el crimen organizado presentada en agosto.
Bajo la conducción del ministro Martín Arrau, el Ministerio de Seguridad Pública administrará directamente $3,48 billones. No obstante, la principal novedad de este año no está solo en los montos, sino en el organigrama institucional: por primera vez, Gendarmería de Chile deja el Ministerio de Justicia para integrarse a la cartera de Seguridad.
La apuesta carcelaria es el motor principal del crecimiento del sector. Los recursos para el sistema penitenciario suben desde por encima del 16% al 18%, con el fin de financiar el Plan de Infraestructura Carcelaria y reforzar el control electrónico en doce penales clave, buscando interrumpir las operaciones delictivas coordinadas desde el interior de las celdas.
En materia policial y de fronteras, Carabineros de Chile asegurará el financiamiento permanente de los 1.000 nuevos cupos incorporados durante 2026, sumará plazas civiles de apoyo para liberar efectivos a labores preventivas y proyecta capacidad para formar a más de 3.200 alumnos. El paquete incluye la construcción de cinco nuevos cuarteles, 136 motocicletas, chalecos antibalas y cámaras corporales.
La Policía de Investigaciones (PDI), por su parte, duplicará los fondos de sus unidades especializadas en combatir el crimen organizado en los barrios e incorporará sistemas de identificación biométrica a nivel nacional.
En el ámbito migratorio, el Servicio Nacional de Migraciones recibirá un incremento cercano al 33% para ejecutar expulsiones administrativas y judiciales, mientras se financia la puesta en marcha de la nueva Fiscalía Supraterritorial, diseñada para perseguir a bandas que operan sin respetar los límites regionales.
Aunque la partida del Ministerio de Seguridad Pública obtuvo una aprobación unánime en general durante su paso por la Comisión Mixta, el examen detallado de las glosas generó alertas en la oposición y en sectores técnicos.
Uno de los puntos de fricción es el rediseño de programas emblemáticos de la administración anterior. El Plan Calles sin Violencia se reformula para dar paso al Plan Foco, manteniendo una base superior a los $13.600 millones y resguardando los fondos para los equipos ECOH de la Fiscalía. En paralelo, el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado pasa a denominarse Programa Contra el Crimen Organizado, con una fuerte reasignación de recursos hacia la PDI en desmedro de las transferencias directas a Carabineros en ese ítem específico.
Desde el Congreso, las críticas se han centrado en dos frentes. El senador Iván Flores (DC) advirtió que el incremento del 7% exhibido por el ministerio se explica fundamentalmente por la absorción y el alza de Gendarmería, alertando sobre un eventual estancamiento en términos reales para las instituciones policiales. Por otra parte, concejales y representantes de la centroizquierda han expresado inquietud por recortes en áreas de prevención social y reinserción, señalando que una estrategia centrada exclusivamente en la lógica policial puede dejar sin cobertura el trabajo comunitario en los barrios.
Desde el oficialismo, los diputados Jaime Coloma (UDI) y Macarena Santelices (Ind-UDI) han defendido el equilibrio fiscal del proyecto, destacando que, frente a una deuda pública que supera el 40% del PIB, el Ejecutivo logró priorizar la dotación policial, el armamento y la capacidad carcelaria sin comprometer la estabilidad económica del país.
Con la aprobación en general ya superada en la Cámara Baja, la discusión entra ahora en su fase decisiva: el debate en particular. Allí se definirá si la arquitectura financiera propuesta por La Moneda conserva su diseño original o si las indicaciones parlamentarias obligarán a reequilibrar la balanza entre el control policial y la prevención social.
Con Información de revistaseguridad.cl
