La Sala del Senado aprobó en general, con respaldo transversal, el proyecto de ley (Boletín N° 18.420-25) destinado a reforzar la seguridad portuaria, aduanera y de toda la cadena logística del país. La iniciativa busca cerrar las brechas operativas que hoy son aprovechadas por agrupaciones delictuales para el narcotráfico, el contrabando y el lavado de activos en los terminales marítimos.
La propuesta tuvo su origen en una moción parlamentaria ingresada en junio por la senadora Paulina Núñez junto a los senadores Iván Flores, Carlos Kuschel, Iván Moreira y Cristián Vial. Tras recibir indicaciones destinadas a perfeccionar su articulado en las comisiones respectivas, el texto avanza ahora a su discusión en particular.
En el debate legislativo, los parlamentarios coincidieron en que los puertos constituyen una infraestructura estratégica clave para el comercio exterior y el abastecimiento de Chile, lo que los convierte en un blanco prioritario para la infiltración de redes criminales. Estas organizaciones ilícitas suelen aprovechar fallas en los controles internos, sobornar puntos de acceso, adulterar documentación o contaminar cargas lícitas.
Para revertir este escenario, el texto establece un marco preventivo con estándares modernos de seguridad y resiliencia, basado en cuatro medidas principales:
Trazabilidad e inteligencia aduanera. Se agregan nuevas exigencias a la Ordenanza de Aduanas para garantizar el seguimiento estricto de las mercancías y el intercambio oportuno de información entre los operadores y el Estado.
Recintos de especial riesgo. La iniciativa modifica la Ley de Seguridad Privada para calificar ciertos terminales y zonas portuarias como recintos de especial riesgo logístico, elevando las exigencias de vigilancia y control para las concesionarias.
Coordinación interinstitucional. Se busca articular de manera permanente el trabajo operativo entre la Autoridad Marítima (Armada), el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), las policías y el Ministerio Público.
Endurecimiento penal y prevención corporativa. Se contemplan agravantes en el Código Penal y en la Ley de Drogas cuando la cadena de comercio exterior se utilice para delinquir, además de exigir que estos riesgos se incorporen en los modelos de prevención de delitos de las empresas del rubro.
Aunque el respaldo en la Sala fue unánime, durante la discusión también surgieron advertencias sobre el impacto económico y operativo que implicarán las nuevas normas. Algunos senadores subrayaron la necesidad de considerar la realidad de las empresas concesionarias portuarias, que deberán asumir los costos de la adaptación tecnológica y de los protocolos. Para facilitar esa transición, el texto original contempla un plazo de adecuación tras la entrada en vigencia de la ley.
Superada esta primera etapa legislativa en la Sala, la iniciativa continúa su tramitación en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y, posteriormente, en la de Seguridad Pública. En esas instancias se analizan las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y los legisladores, junto con la exposición de actores clave como Aduanas, la PDI y el Ministerio Público.
Con Información de revistaseguridad.cl
