En una jornada clave para la seguridad nacional, el senador Juan Ignacio Latorre sostuvo un encuentro con autoridades de alto nivel de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), centrado en los avances y desafíos en la persecución del crimen organizado y el lavado de activos. La cita contó con la participación del Prefecto Inspector Mauricio Jorquera Ramírez, jefe de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado; el Prefecto José Contreras Hernández, jefe de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro; y el Subprefecto Juan Iturra Salazar, jefe de la Brigada de Lavado de Activos de Valparaíso (BILAC).
Durante la reunión, se destacó la implementación de 15 nuevas Brigadas de Lavado de Activos a nivel nacional, sumando un total de 16 unidades especializadas, como parte del Plan de Desarrollo Estratégico de la PDI. Este fortalecimiento responde a la creciente complejidad del crimen organizado, que hoy opera con estructuras empresariales, tecnología avanzada y alcance transnacional, utilizando herramientas como las criptomonedas para el ocultamiento y movilidad de activos ilícitos.
“El gran desafío que enfrentamos hoy no es solo la violencia, sino el poder económico del crimen organizado. Para enfrentarlo con eficacia, hay que perseguir la ruta del dinero. Necesitamos dotar a nuestras instituciones de las herramientas tecnológicas y financieras necesarias para seguir y cortar ese flujo”, señaló el senador Latorre tras el encuentro.
Según datos de la Jefatura Nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, entre 2018 y 2024 se han incautado más de 84 mil millones de pesos en operaciones de lavado de activos, evidenciando el alcance financiero de estas organizaciones.
El senador Latorre valoró especialmente el trabajo desarrollado por la BILAC de Valparaíso, responsable del golpe al brazo financiero del Tren de Aragua, desbaratando una red que operaba con cuentas bancarias y plataformas digitales para movilizar recursos ilícitos. “El caso de Valparaíso debe marcar un antes y un después. No basta con detener a personas; hay que golpear donde más duele: en sus estructuras financieras”, agregó.
Durante el encuentro, se discutió la necesidad de que el Estado cuente con mecanismos flexibles y eficientes para administrar y reutilizar los recursos incautados al crimen organizado, permitiendo reinvertirlos en tecnologías, licencias digitales, y equipos que eviten la obsolescencia de las unidades policiales. “El crimen se moderniza todos los días, y si el Estado no acompaña ese ritmo, vamos siempre un paso atrás”, advirtió Latorre.
Asimismo, se subrayó la importancia de avanzar en cortafuegos institucionales, tanto en la colocación como en la estratificación del dinero ilícito. Esto implica mejorar la trazabilidad en el sistema bancario y limitar las maniobras de ocultamiento a través de plataformas digitales y criptoactivos.
El parlamentario valoró también la articulación de nuevas unidades del SII, la participación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dentro de la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, impulsada por el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. “Estas medidas, sumadas al trabajo en red entre instituciones, apuntan en la dirección correcta: fortalecer la inteligencia financiera para anticipar el delito, no solo reaccionar ante él”, concluyó.
El llamado de Latorre es claro: “Seguir el dinero no es solo una estrategia, es una obligación si queremos cortar de raíz el poder del crimen organizado en Chile”.
