La presentación de un proyecto impulsado por diputados del Partido Comunista para modificar aspectos de la Ley Naín-Retamal reabrió el debate sobre una de las normas más controvertidas en materia de seguridad pública. Entre los cambios propuestos figura la eliminación de la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales, uno de los puntos más cuestionados desde su aprobación en 2023.
Alejandra Mohor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, señaló que tres años después de la entrada en vigencia de la ley todavía no existe evidencia suficiente para evaluar sus efectos reales en materia de seguridad.
Respecto al debate reabierto sobre la Ley Naín-Retamal, Mohor indicó que desde su presentación hubo cuestionamientos importantes respecto de si una ley de esta naturaleza era realmente necesaria. Señaló que la discusión legislativa sobre iniciativas en materia de seguridad frecuentemente se lleva adelante sin diagnósticos claros. Aunque parlamentarios sostienen que la ley ha funcionado y que derogarla quitaría herramientas a las policías para combatir el crimen, la pregunta fundamental persiste: cuál es la demostración de que esta ley ha tenido un efecto positivo en las capacidades de los funcionarios policiales para prevenir y perseguir delitos.
Mohor enfatizó que no existe evidencia que permita contrastar los argumentos con datos e información. A tres años de la vigencia de la ley, la preocupación es conocer cuál ha sido su efecto real en las capacidades de la policía para prevenir y combatir delitos, o si ha producido efectos de otro tipo.
Con respecto a la legítima defensa privilegiada, uno de los puntos más discutidos, Mohor explicó que en el monitoreo del uso de la fuerza letal realizado durante varios años se advirtió que, de facto, previo a la ley, operaba una lógica de legítima defensa privilegiada. Indicó que muy anticipadamente se admitía este supuesto cuando funcionarios policiales hacían uso de armas de fuego. La ley vendría a darle fundamento jurídico a una decisión procedimental que ya se venía tomando de manera extendida. Sin embargo, señaló que estas cuestiones ocurren con mucha opacidad, porque no se dispone de información transparente relativa al uso de la fuerza ni a las consecuencias judicales o administrativas posteriores.
Mohor planteó que como ocurre con la mayoría de las decisiones legislativas en materia de seguridad, aunque eventualmente se convoque a expertos a presentar su opinión, esa opinión muchas veces es desoída al momento de tomar decisiones. Enfatizó que estas cuestiones deben ser iluminadas por información y no por suposiciones, señalando que lo que ha operado detrás son suposiciones y no información, aunque existe información disponible. Indicó que hoy existen herramientas que permitirían evaluar mejor estos fenómenos, pero no necesariamente están siendo utilizadas para orientar el debate legislativo.
Sobre la dificultad para evaluar el impacto real de la ley, Mohor explicó que no se cuenta con información suficiente. Señaló que existe una categoría en los informes nacionales sobre homicidios denominada «muerto en contexto de su propio delito», cuyo número ha aumentado significativamente en los últimos años, presumiblemente por actuaciones policiales en situaciones de flagrancia con resultado letal.
Mohor relató que en el marco del monitoreo realizado solicitaron esa información por transparencia para verificarlo, pero no pudieron acceder a ella. En algo más de dos meses distintas instituciones se declararon incompetentes para entregarla, derivando la solicitud de un organismo a otro. Por tanto, no pueden conocer la magnitud del uso de la fuerza letal ni los contextos en que ocurre.
Concluyó que en consecuencia tampoco pueden determinar si una ley de esta naturaleza ha contribuido a reducir la criminalidad o bien ha aumentado la letalidad de la acción policial sin que eso tenga un efecto en la reducción de la criminalidad.
Con Información de radio.uchile.cl
