La implementación de la Ley N.º 21.659 marcó un nuevo punto de partida para la seguridad privada en Chile. No obstante, el crecimiento continuo de la industria, la incorporación de nuevas tecnologías y el incremento de las exigencias regulatorias han generado una pregunta recurrente entre especialistas, gremios y empresas: ¿es el momento oportuno para establecer una Superintendencia de Seguridad Privada? Esta propuesta busca dotar al sector de una autoridad técnica especializada, reforzar los procesos de fiscalización, elevar los niveles de profesionalización de la actividad y consolidar un sistema de gobernanza acorde con los desafíos actuales en materia de seguridad.
La seguridad privada dejó de ser una actividad complementaria hace varios años. En la actualidad, constituye un elemento fundamental para la protección de personas, empresas, instituciones públicas e infraestructura crítica. Miles de guardias de seguridad, vigilantes privados, operadores de centros de monitoreo, consultores, integradores tecnológicos y profesionales especializados en gestión de riesgos participan diariamente en la prevención de incidentes que afectan a hospitales, puertos, aeropuertos, centros comerciales, instalaciones industriales, edificios corporativos y condominios a lo largo del país.
A esta realidad se suma un mercado en permanente transformación, impulsado por soluciones de videovigilancia inteligente, inteligencia artificial, biometría, analítica de video, drones y plataformas de ciberseguridad, que exigen una regulación cada vez más especializada.
Ante este panorama, diversos actores del sector consideran que la institucionalidad vigente comienza a evidenciar señales de insuficiencia frente a las nuevas dimensiones que ha alcanzado la industria.
Uno de los principales argumentos a favor de una Superintendencia de Seguridad Privada es la necesidad de separar las funciones policiales de las funciones regulatorias.
Actualmente, la supervisión del sector se realiza dentro de un marco donde la prioridad institucional se orienta hacia el orden público, la prevención del delito y la seguridad ciudadana. Si bien este modelo ha generado avances significativos, el crecimiento de la industria sugiere la conveniencia de contar con un organismo cuya misión exclusiva sea regular, fiscalizar y promover el desarrollo de la seguridad privada.
Una superintendencia podría asumir competencias como la autorización y registro de empresas, la acreditación de guardias, vigilantes y profesionales del sector, la fiscalización del cumplimiento normativo, la aplicación de procedimientos sancionatorios con criterios uniformes, la administración de registros nacionales, la elaboración de estadísticas e indicadores, y la emisión de normas técnicas y circulares interpretativas.
Uno de los mayores desafíos de la industria continúa siendo la consolidación de estándares homogéneos de formación y certificación.
Una autoridad especializada permitiría fortalecer los procesos de capacitación, actualizar permanentemente las competencias laborales e impulsar programas de certificación alineados con las mejores prácticas internacionales.
La profesionalización no solo beneficia a quienes trabajan en el sector. También incrementa la confianza de clientes, usuarios y organismos públicos, favoreciendo un mercado más competitivo y transparente.
La aplicación uniforme de la normativa constituye otra de las ventajas frecuentemente mencionadas.
Las empresas requieren certeza jurídica para planificar inversiones, implementar nuevas tecnologías y cumplir adecuadamente sus obligaciones regulatorias.
Una Superintendencia de Seguridad Privada podría establecer criterios técnicos comunes para todo el país, reducir diferencias interpretativas y avanzar hacia procesos completamente digitalizados para autorizaciones, renovaciones, acreditaciones y fiscalizaciones.
La utilización de plataformas electrónicas también permitiría disminuir tiempos de tramitación y fortalecer la trazabilidad de los procedimientos administrativos.
Además de fiscalizar, una superintendencia podría transformarse en un centro nacional de inteligencia estadística para el sector.
Contar con información consolidada sobre empresas autorizadas, cantidad de guardias, inversión tecnológica, incidentes, certificaciones y evolución del mercado permitiría diseñar políticas públicas basadas en evidencia y orientar de mejor forma el crecimiento de la industria.
Asimismo, facilitaría la coordinación entre organismos públicos, municipios, gremios empresariales, universidades y centros de investigación.
La irrupción de la inteligencia artificial, los sistemas autónomos, la analítica predictiva y las amenazas híbridas obliga a que el marco regulatorio mantenga un proceso permanente de actualización.
Una autoridad técnica especializada tendría mayores capacidades para elaborar normas que acompañen la innovación tecnológica sin afectar la competitividad del sector ni la protección de los derechos de las personas.
Como toda reforma institucional, la creación de una superintendencia requiere un diseño cuidadoso.
Será necesario definir claramente sus atribuciones, establecer mecanismos de coordinación con las instituciones públicas vinculadas a la seguridad, asegurar recursos suficientes para su funcionamiento y evitar duplicidades administrativas.
La independencia técnica, la transparencia y la participación de los distintos actores de la industria serán elementos determinantes para el éxito de cualquier nuevo modelo regulatorio.
La seguridad privada se ha consolidado como un actor relevante dentro del sistema nacional de seguridad. Su contribución a la protección de activos estratégicos, la continuidad operacional y la prevención de riesgos resulta cada vez más evidente.
En ese escenario, el debate sobre la creación de una Superintendencia de Seguridad Privada no debe entenderse únicamente como una aspiración institucional del sector, sino como una oportunidad para modernizar la gobernanza, fortalecer la confianza pública y construir un marco regulatorio preparado para enfrentar los desafíos de las próximas décadas.
La experiencia internacional demuestra que los países que han avanzado hacia modelos de supervisión especializados han logrado elevar los estándares de calidad, fortalecer la transparencia y promover una mayor profesionalización de la industria.
Chile cuenta hoy con la oportunidad de abrir ese debate con una visión estratégica, considerando que la seguridad privada ya no es un actor periférico, sino un componente indispensable del sistema de seguridad nacional.
Con Información de revistaseguridad.cl
