El exministro de Justicia Luis Cordero formuló una crítica técnica y política a una de las principales medidas de seguridad del Gobierno, el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante su reciente mensaje de Cuenta Pública.
En una entrevista concedida al programa Mesa Central de Canal 13, el abogado penalista señaló que, aunque es necesario conocer el texto definitivo del proyecto de ley antes de una evaluación concluyente, el diseño conceptual de la propuesta ya presenta elementos que generan preocupación en los círculos jurídicos.
Cordero afirmó que la iniciativa «es efectista en la manera como está planteada hasta ahora», advirtiendo que el registro arriesga derivar en situaciones de estigmatización y abrir discusiones constitucionales complejas.
El exsecretario de Estado identificó como principal vicio técnico la falta de proporcionalidad penal, ya que el registro propuesto agruparía de manera indiscriminada conductas de distinta gravedad bajo una misma categoría, mezclando delitos complejos, faltas penales menores e infracciones administrativas.
Cordero cuestionó también las eventuales consecuencias punitivas que se buscaría ligar a la inscripción en esta base de datos, especialmente restricciones de derechos o pérdida automática de beneficios estatales.
El abogado advirtió un problema severo si se aplicara la pérdida de beneficios de forma retroactiva a quienes ya reciben ayudas sociales. No obstante, reconoció que las incivilidades constituyen una preocupación legítima para la ciudadanía en su diario vivir. Explicó que las personas experimentan las incivilidades desde su entorno cotidiano con mayor frecuencia que el delito violento. Planteó que la respuesta del Estado debería enfocarse en la eficacia de las sanciones aplicadas más que en aumentar la severidad abstracta de las penas.
El especialista sugirió que las políticas públicas debieran otorgar a los municipios un papel mucho más activo en las tareas de prevención y sanción comunitaria, especialmente en infracciones de menor entidad en los barrios.
Durante la entrevista, el exministro también abordó los alcances judicales de la Operación Tokio, la investigación penal vinculada al presunto lavado de activos de la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Defendió la necesidad urgente de fortalecer las herramientas de inteligencia económica del Estado para detectar con mayor eficiencia las operaciones financieras sospechosas.
Al entrar en el debate sobre el levantamiento del secreto bancario, Cordero sostuvo de forma categórica que Chile es una excepción en el mundo respecto de la fortaleza de esta protección. Advirtió que lo que tradicionalmente puede verse como un activo de privacidad individual constituye hoy un riesgo sistémico para la seguridad. Enfatizó que la discusión parlamentaria actual debe centrarse en dotar al Estado de mejores herramientas de persecución. Concluyó que la prioridad país requiere fortalecer la capacidad de fiscalización financiera para enfrentar de forma inteligente los fenómenos asociados al crimen organizado.
Con Información de radio.uchile.cl
