En los últimos días, el proyecto de ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1 ha enfrentado dos obstáculos significativos: una resolución judicial que paraliza las obras y la decisión de la Contraloría de no tomar razón de un decreto del Ministerio de Vivienda que permitía la construcción.
La expansión de Santiago 1 ha sido cuestionada tanto por la anterior alcaldesa de Santiago Centro, Irací Hassler, como por el actual alcalde, Mario Desbordes. Este último se ha opuesto al proyecto incluso en desacuerdo con el Gobierno, que comparte su misma orientación política.
Desbordes ha señalado que existen otros terrenos en la Región Metropolitana, alejados del área urbana, donde podría construirse una cárcel. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha refutado esta posición.
«La Municipalidad de Santiago, en defensa de los vecinos, está pidiendo algo muy sencillo: que nos traten igual que al resto de Chile. En Arica, Iquique, Antofagasta, en La Serena, en Rancagua, en Valparaíso, en Talca, todas las cárceles se construyen kilómetros y kilómetros fuera de los radios urbanos. Estamos pidiendo solo eso», expresó Desbordes en declaraciones recientes.
Según Monserrat Díaz, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, el principal argumento para construir nuevas cárceles es la saturación del sistema penitenciario chileno. La socióloga especializada en seguridad sostuvo que en términos de hacinamiento «estamos frente a una situación crítica».
«Hoy el sistema penitenciario alberga más de 63 mil personas en recintos diseñados para poco más de 42 mil. En términos simples, esto significa que las cárceles están funcionando al 150% de su capacidad y que existen más de 21 mil personas privadas de libertad por sobre las plazas disponibles», detalló.
Díaz afirmó que la situación es aún más grave «cuando territorializamos el fenómeno». «En regiones como Atacama, por ejemplo, las cárceles operan a más del doble de su capacidad y establecimientos como el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó alcanzan cerca de un 285% de ocupación. En la práctica, esto significa que donde debería existir espacio para una persona, conviven casi tres», indicó.
La investigadora enfatizó que el hacinamiento «no es solo un problema de infraestructura o de números rojos», sino que tiene «efectos bien concretos sobre la vida cotidiana al interior de los recintos penitenciarios».
«Implica menos acceso a programas de reinserción, atención de salud, apoyo psicosocial y condiciones adecuadas de habitabilidad. Además, cuando un gran número de personas conviven en un espacio saturado y bajo condiciones de alta presión, es evidente la tendencia a aumentar los conflictos y el riesgo de violencia», observó.
«El hacinamiento termina afectando uno de los objetivos centrales del sistema penitenciario, que es generar condiciones para que las personas puedan modificar conducta, acceder a oportunidades de reinserción y regresar a la comunidad. El hacinamiento puede constituirse como un factor criminógeno. Es decir, puede contribuir a reproducir dinámicas de violencia y trayectorias delictuales», insistió.
Sin embargo, Díaz advirtió que construir más cárceles no es la única solución. «Si bien la ampliación de infraestructura puede ser parte de la solución, también es necesario evaluar su costo de efectividad, especialmente en un contexto donde los recursos públicos son limitados y las necesidades sociales dónde invertir son múltiples», agregó.
A su juicio, «abordar el hacinamiento requiere una estrategia mucho más amplia que permita gestionar de mejor manera el uso de la prisión, por ejemplo, con el uso de penas sustitutivas en aquellos delitos para los cuales puede ser una alternativa eficaz y segura».
La experta añadió que también es fundamental «avanzar en políticas de reinserción social, prevención de la reincidencia y especialmente, el uso racional de la privación de libertad».
«De lo contrario, existe el riesgo de que cualquier aumento en la capacidad penitenciaria sea rápidamente absorbido por el crecimiento sostenido de la población penal», concluyó.
Con Información de radio.uchile.cl
