En el marco de un foro internacional organizado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, el Gobierno anunció la elaboración de un proyecto de reforma constitucional destinado a elevar la seguridad pública a rango constitucional.
La iniciativa busca fortalecer el respaldo jurídico de las políticas de seguridad, otorgar mayor estabilidad a futuras leyes y dotar al país de herramientas acordes con la creciente amenaza del crimen organizado, el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
La seguridad pública ha dejado de ser únicamente una política sectorial para transformarse en uno de los principales pilares sobre los cuales descansa la gobernabilidad de los Estados modernos. El aumento de la violencia, la expansión de organizaciones criminales internacionales, la sofisticación del narcotráfico y el crecimiento de delitos complejos han obligado a numerosos países a revisar sus marcos legales con el propósito de fortalecer la capacidad del Estado para responder a amenazas cada vez más dinámicas.
Con ese diagnóstico como punto de partida, el Gobierno presentó un proyecto de reforma constitucional que, de aprobarse, podría modificar de manera significativa el marco jurídico sobre el cual se diseñarán las futuras políticas de seguridad del país.
La propuesta constituye una definición estratégica acerca del rol que debe asumir el Estado frente a los desafíos que plantea el crimen organizado. La iniciativa busca establecer expresamente que la protección de la seguridad pública constituye una obligación permanente del Estado y un principio constitucional que deberá ser considerado al momento de legislar y de interpretar futuras normas relacionadas con el orden público, la persecución penal y la protección de la ciudadanía.
Para el Ejecutivo, esta modificación permitiría equilibrar la protección de los derechos fundamentales con la necesidad de entregar respuestas eficaces frente a organizaciones criminales que hoy operan con elevados niveles de planificación, financiamiento y capacidad tecnológica.
La propuesta surge tras diversos fallos del Tribunal Constitucional que limitaron algunas herramientas legislativas impulsadas en materia de seguridad. Mientras los derechos fundamentales cuentan con un amplio desarrollo constitucional, la seguridad pública no posee actualmente un reconocimiento específico como principio constitucional autónomo, situación que genera un desequilibrio al momento de evaluar determinadas normas.
Las organizaciones delictuales ya no operan únicamente a nivel local. Hoy mantienen estructuras transnacionales, utilizan plataformas digitales para coordinar operaciones, recurren al lavado de activos mediante sofisticados mecanismos financieros y aprovechan las debilidades institucionales para expandir sus actividades.
Frente a esta realidad, el Estado requiere marcos normativos suficientemente sólidos para implementar políticas que fortalezcan la inteligencia, la investigación criminal, la cooperación internacional, el control fronterizo y la protección de infraestructura crítica.
La iniciativa abre una discusión respecto del equilibrio entre seguridad y libertades individuales. Quienes respaldan la reforma sostienen que la seguridad constituye un derecho habilitante para el ejercicio efectivo de todas las demás libertades. Sus detractores, en tanto, advierten sobre la necesidad de evitar que el fortalecimiento de las facultades estatales pueda traducirse en restricciones desproporcionadas de derechos fundamentales.
Especialistas coinciden en que la discusión trasciende el actual escenario político. La incorporación de la seguridad pública al texto constitucional podría convertirse en la base jurídica sobre la cual se desarrollen futuras reformas legales relacionadas con el combate al crimen organizado, la protección de infraestructura crítica, la ciberseguridad, la seguridad fronteriza, la inteligencia del Estado y la modernización de las instituciones encargadas del orden público.
Con Información de revistaseguridad.cl
