El sicariato representa uno de los mayores indicadores de evolución del crimen organizado. Cuando matar deja de ser una reacción impulsiva y se convierte en un servicio contratado, la violencia alcanza un nivel de organización que desafía directamente la seguridad pública y al Estado de Derecho.
Durante décadas, los homicidios en Chile estuvieron asociados principalmente a conflictos personales, riñas, violencia intrafamiliar o delitos comunes. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a observarse un fenómeno distinto y mucho más preocupante: asesinatos planificados, ejecutados por encargo y cometidos por personas que muchas veces ni siquiera conocen a la víctima.
Un sicario no es simplemente un delincuente que mata. Es una persona contratada para ejecutar un homicidio a cambio de dinero u otra forma de retribución. La víctima no suele ser elegida por razones personales, sino porque representa un obstáculo para una organización criminal, un competidor, un deudor, un testigo o alguien cuya eliminación genera un beneficio económico o estratégico.
La diferencia parece sutil, pero es enorme. Cuando el homicidio se transforma en un servicio, la violencia deja de responder a impulsos individuales y pasa a formar parte de una estructura criminal organizada.
La experiencia internacional demuestra que el sicariato rara vez aparece de manera aislada. Su presencia suele estar vinculada a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, lavado de activos, extorsiones, trata de personas, tráfico de armas y otras economías ilícitas que requieren proteger sus intereses mediante la intimidación o la eliminación de personas.
En países como Colombia, México, Ecuador y Perú, el crecimiento del sicariato acompañó el fortalecimiento de organizaciones criminales cada vez más complejas. Con el tiempo, los homicidios por encargo dejaron de ser hechos excepcionales para transformarse en una herramienta permanente de control territorial, ajuste de cuentas, cobro de deudas o eliminación de rivales. La cooperación policial internacional ha permitido observar que estas organizaciones no solo comparten rutas para el tráfico de drogas o mecanismos para el lavado de dinero. También replican modelos de funcionamiento criminal que incluyen la contratación de ejecutores, la utilización de motocicletas para facilitar la huida, el uso de armas de fuego de alto poder y la planificación detallada de los ataques.
Chile aún se encuentra lejos de las cifras registradas en algunos países de la región, pero diversas investigaciones han demostrado que el sicariato ya forma parte del repertorio de determinadas organizaciones criminales que operan en el país. Precisamente por ello, comprender cómo evolucionó este fenómeno en otras naciones constituye una oportunidad para anticipar riesgos antes de que alcance niveles mucho más difíciles de controlar.
Frente a esta realidad, la respuesta no puede limitarse únicamente al aumento de las penas o a la captura del autor material del homicidio. El sicario representa el último eslabón de una cadena mucho más amplia. La verdadera investigación debe orientarse a identificar quién ordenó el crimen, quién lo financió, quién proporcionó el arma, quién planificó la operación y qué organización criminal se beneficia con la muerte de la víctima. En ese escenario, la inteligencia criminal, la criminalística, el análisis financiero, la cooperación internacional y la investigación patrimonial adquieren un papel decisivo. Desarticular una organización criminal exige comprender toda su estructura y no únicamente detener a quien ejecutó el disparo.
La experiencia comparada demuestra que las organizaciones criminales reemplazan rápidamente a los sicarios detenidos. Lo que realmente debilita estas estructuras es afectar su capacidad económica, desarticular sus redes de apoyo, perseguir a sus líderes y eliminar las condiciones que les permiten operar.
El sicariato no constituye únicamente una amenaza para quienes son sus víctimas directas. También busca instalar un mensaje de poder dirigido a toda la comunidad. Cada homicidio por encargo pretende demostrar que la organización criminal posee la capacidad de decidir quién vive, quién muere y cuáles serán las consecuencias para quienes desafíen su autoridad. Ese es precisamente el objetivo estratégico del terror.
La respuesta del Estado debe ser igualmente estratégica. Requiere fortalecer las capacidades de inteligencia, profundizar la cooperación internacional, potenciar la ciencia forense, proteger eficazmente a testigos y víctimas, perseguir el patrimonio de las organizaciones criminales y actuar coordinadamente entre policías, fiscalías y tribunales.
Porque el sicariato no representa únicamente un problema de homicidios. Representa la profesionalización de la violencia. Y cuando matar deja de ser un delito para transformarse en un servicio del crimen organizado, la sociedad enfrenta una de las expresiones más complejas y peligrosas de la criminalidad contemporánea.
Con Información de revistaseguridad.cl
