Verónica Undurraga, expresidenta de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, calificó como «preocupante» la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno en una entrevista con la primera edición de Radioanálisis. Su principal crítica se dirige al nuevo estado de excepción por seguridad pública, cuya causal para ser invocado es, según su apreciación, «bastante vaga».
La abogada y profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez cuestionó que el Presidente de la República pueda decretar este estado de excepción y extenderlo sin autorización del Congreso por un periodo de 240 días. Explicó que solo si desea prorrogarlo nuevamente requiere aprobación parlamentaria, lo que representa un tiempo «extremadamente largo» que no se contempla así en ninguno de los otros estados de excepción constitucional, ni siquiera en el Estado de Asamblea, que corresponde a situaciones de guerra externa.
Undurraga señaló además que las facultades entregadas al Mandatario son «muy amplias» y «equivalentes al estado de excepción que se puede poner en una guerra», lo que implica la suspensión de libertades personales. Según su análisis, esto significa que garantías fundamentales del Estado de Derecho, como no ser detenido sin orden judicial previa, poder entrar y salir del país o moverse dentro del territorio, serían determinadas por el Presidente o un oficial general designado por él. También mencionó la posibilidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correspondencia y correo electrónico.
La exintegrante de la Comisión Experta cuestionó que un estado de excepción sea el mecanismo más efectivo para enfrentar la seguridad pública. Reconoció que la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo representa una amenaza permanente para los estados actuales, pero señaló que otros países han optado por perfeccionar su legislación antiterrorista u ordinaria contra el crimen organizado «pero con todo tipo de controles».
Undurraga enfatizó que los estados de excepción se regulan en la Constitución «porque queremos manifestar que incluso en situaciones de extrema amenaza o gravedad, el gobierno o las autoridades no pueden actuar fuera del derecho». Por este motivo, advirtió que constituye un problema considerable cuando las normas que regulan esta situación excepcional «prácticamente anulan libertades extremadamente importantes, por un tiempo extremadamente largo, sin los controles del Congreso».
Respecto de la tradición constitucional chilena, Undurraga recordó que históricamente se ha confiado en dar mayor poder al Presidente sin tantos resguardos en casos de catástrofes naturales. Sin embargo, subrayó que existe una desconfianza «legítima y justificada» cuando se trata de conflictos internos. Advirtió que al legislar, debe considerarse que una norma permanecerá para cualquier gobierno futuro y puede ser objeto de abuso.
Undurraga también relevó que el objetivo original del proyecto era explícitamente «ponerle freno al Tribunal Constitucional». Según relató, el mensaje presidencial que acompañaba la iniciativa contenía una crítica frontal al TC, al que calificaba como «demasiado garantista» y «desequilibrado» por proteger los derechos de las personas condenadas. Citó el contenido del borrador inicial resumiendo que lo que se buscaba era «cambiar la Constitución para impedir que el Tribunal Constitucional nos ponga obstáculos en la normativa que queremos dictar en materia de seguridad pública».
Si bien la segunda versión del proyecto eliminó las referencias explícitas al TC, la abogada advirtió que el efecto es el mismo: al incorporar estas medidas en la Constitución, se anticipa y limita el control que la justicia constitucional podría ejercer en el futuro.
Consultada sobre si el proyecto refleja rasgos iliberales del actual gobierno, Undurraga fue categórica al afirmar: «Yo también creo». Señaló que en las iniciativas que se están tomando existe una intención de evadir, en la mayor medida posible, el control de otros órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional, lo cual calificó como una medida iliberal típica de intentos por cambiar la Constitución con ese propósito.
Como segundo punto, recordó que en el mensaje original del proyecto había una alusión al «mandato directo de la Nación», una retórica propia de gobiernos populistas e iliberales donde el gobernante se arroga saber exactamente lo que la Nación desea. Advirtió que ante este tipo de alusiones es necesario tener cuidado.
Finalmente, Undurraga llamó a prestar atención a los discursos, ya que se van naturalizando y esa es una forma de horadar la democracia por dentro. Subrayó que si bien el Presidente representa a la Nación, todos los parlamentarios también lo hacen, y que en una democracia constitucional «los que tienen la mayoría en los votos no pueden hacer cualquier cosa».
Con Información de radio.uchile.cl
