La aprobación de la ley que amplía el plazo de flagrancia, despachada por el Congreso de Chile, representa un cambio estructural en las capacidades operativas de las policías. Al extender el límite de 12 a 24 horas por regla general, el sistema procesal penal busca dotar de mayor eficacia a la persecución criminal.
Las principales ventajas y atribuciones que introduce esta normativa se agrupan en los siguientes ejes:
Mayor tiempo para la captura de infractores
Las policías cuentan con 24 horas continuas desde la comisión del delito para detener a los sospechosos sin necesidad de requerir previamente una orden judicial de arresto. Esto evita que los delincuentes eludan la detención flagrante por el mero transcurso de la mitad de un día, impidiendo que sigan lesionando bienes jurídicos o se deshagan de la evidencia.
Incorporación de herramientas tecnológicas modernas
La ley faculta la detención inmediata de una persona si esta aparece cometiendo un delito en grabaciones de video, cámaras de seguridad o teléfonos celulares. Carabineros y la PDI pueden requerir a los encargados de sistemas de televigilancia o a testigos la entrega voluntaria de videos, imágenes y datos de georreferenciación en tiempo real para localizar a los responsables.
Fortalecimiento y autonomía en las diligencias policiales
Se incrementan las atribuciones autónomas de los efectivos policiales para actuar con rapidez frente al delito. Permite a las policías coordinarse con entidades públicas y solicitar colaboración de entes privados de manera directa para asegurar el éxito del procedimiento de captura.
Consolidación de la prueba penal
Las horas adicionales permiten levantar mejores indicios como armas, vestimentas u objetos del delito antes de que sean ocultados o destruidos. Esto facilita la entrega de carpetas investigativas más robustas a los fiscales, mejorando las probabilidades de que las detenciones superen el control de la justicia y terminen en condenas válidas.
Con Información de revistaseguridad.cl
