Chile no enfrenta un déficit de información en materia de seguridad. Al contrario, probablemente nunca antes se había generado tanta. Carabineros utiliza el sistema STOP para orientar su despliegue y focalización territorial; los municipios acceden a SIED Territorial; el Ministerio Público dispone de capacidades de análisis criminal. A ello se suman cámaras, centrales municipales, sistemas de emergencia, registros administrativos y una cantidad creciente de sensores y fuentes digitales. La dificultad ya no radica en reunir antecedentes, sino en el momento en que esos antecedentes deben convertirse en una decisión compartida.
En ese punto surge una diferencia que suele pasarse por alto: contar con datos no equivale a disponer de una imagen operacional común. Un sistema puede indicar dónde se concentran determinados delitos; otro puede mostrar qué investigaciones están vinculadas entre sí; un municipio puede conocer la posición de sus patrullas y cámaras; Bomberos, la disponibilidad de sus unidades; una institución de emergencia, sus propios recursos. Cada plataforma puede estar cumpliendo correctamente su función y, aun así, cuando ocurre un hecho que exige coordinación entre varias instituciones, es posible que nadie esté viendo el cuadro completo.
La nueva Ley de Seguridad Municipal entrega una señal importante en esa dirección. La Ley 21.802 creó los Comités Operativos de Seguridad, instancias permanentes de coordinación comunal encabezadas por el alcalde e integradas por el municipio, Carabineros, PDI y Ministerio Público. La misma normativa ordena avanzar hacia una plataforma electrónica interconectada, coordinada y administrada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante la cual deberán intercambiarse determinados datos comunales provenientes, entre otras fuentes, de STOP y del banco de datos establecido por la Ley 20.931. Es decir, la legislación ya reconoció que la información debe circular mejor entre quienes tienen responsabilidades distintas sobre un mismo territorio.
Eso constituye un avance, aunque conectar bases de datos no resuelve por sí solo el problema operacional. Una plataforma de intercambio permite consultar antecedentes. Una imagen operacional común debería ayudar a responder algo bastante más exigente: qué está pasando, dónde, con qué intensidad, qué recursos están disponibles, quién está respondiendo, qué capacidades faltan y cómo está evolucionando la situación. No reemplaza la decisión humana ni las atribuciones de cada institución, pero reduce la incertidumbre con la que esas decisiones se toman.
En seguridad pública, esa diferencia puede significar minutos. STOP ha permitido institucionalizar una lógica de análisis territorial y focalización policial. SIED Territorial acercó capacidades de georreferenciación y análisis a municipios que antes dependían casi exclusivamente de información entregada por terceros. El Ministerio Público, mediante sus estructuras de análisis criminal, puede relacionar causas, modus operandi, autores, territorios y patrones que una investigación aislada difícilmente mostraría. No se trata, entonces, de afirmar que el Estado parte desde cero. Todo lo contrario: Chile ya posee piezas relevantes.
El problema es que esas piezas responden a finalidades distintas. Y es precisamente allí donde comienza a resultar interesante observar desarrollos nacionales que intentan resolver otra parte del problema. Uno de ellos es la Suite ZEUS, desarrollada por GEObit. Su valor potencial no radica simplemente en agregar otro mapa a los que ya existen, sino en la posibilidad de articular información, recursos y alertas alrededor de una lógica operacional compartida.
El caso de Huayra ayuda a entenderlo. La solución fue incorporada al catálogo “100 Soluciones para la Ciudad” de Sé Santiago como una herramienta de coordinación para el control de encerronas. Allí se describe un entorno colaborativo que conecta comunas vecinas, policías, autopistas y fiscalías, genera alertas en tiempo real, permite rastrear rutas de escape y busca mejorar tanto la detención en flagrancia como la recuperación de vehículos robados. La propia presentación identifica como problema la falta de tecnologías integradas entre centrales de cámaras y unidades de seguridad comunal.
Eso es bastante más que dibujar un punto sobre un mapa. En la arquitectura que GEObit presenta alrededor de ZEUS aparecen, además, herramientas orientadas al despacho, el análisis, la disponibilidad de recursos, la gestión de emergencias y la coordinación interinstitucional. STRATEGOS, por su parte, introduce una lógica de gestión que coloca a la tecnología como instrumento y no como fin. Esa distinción importa: ninguna plataforma conseguirá por sí sola que las instituciones cooperen. Primero deben existir reglas, protocolos, atribuciones, responsables y objetivos compartidos. La tecnología puede hacer visible esa coordinación, acelerarla y dejar trazabilidad de lo ocurrido, pero no puede reemplazarla.
La llegada de los nuevos Comités Operativos de Seguridad vuelve esta discusión especialmente oportuna. El COS no necesita convertirse en otra reunión mensual cargada de presentaciones retrospectivas. Para ser realmente útil requiere evidencia territorial comprensible, información actualizada y mecanismos que permitan traducir un diagnóstico en prioridades operativas. Allí una arquitectura como ZEUS podría encontrar un espacio concreto: apoyar a quienes integran el comité sin sustituir a STOP, SIED, SAC ni las plataformas institucionales que cada organismo debe conservar.
La palabra importante es podría. Antes de afirmar que una solución integra efectivamente los sistemas del Estado, hay que demostrarlo. Debe quedar claro qué datos puede consumir legalmente, mediante qué interfaces, con qué periodicidad, quién autoriza el acceso, qué perfiles existen, cómo se auditan las consultas, cómo se protege la información sensible y qué ocurre cuando una red se cae. También es necesario medir resultados: tiempos de respuesta, uso de recursos, coordinación lograda, incidentes resueltos o cualquier indicador que permita comparar el antes y el después.
Ese estándar no debilita la propuesta; la hace creíble. GEObit ya ha declarado públicamente experiencias que apuntan en esa dirección. Durante 2026 informó, mediante registros de la Ley del Lobby, la implementación del proyecto piloto Atenea en la Región del Maule para fortalecer la coordinación frente a incendios forestales, con información estratégica en tiempo real, y la intención de incorporar mediante Apolo antecedentes sobre camiones aljibe y maquinaria municipal para apoyar puestos de mando del Sistema de Comando de Incidentes y a los COGRID provinciales. Son señales relevantes, aunque sus resultados deberán ser evaluados con la misma exigencia que cualquier herramienta destinada a apoyar decisiones públicas.
Hay otro aspecto que no debiera perderse entre plataformas y siglas. La coordinación interinstitucional no comienza cuando aparece una emergencia; debe construirse antes. Los sistemas pueden ayudar a establecer un lenguaje común, compartir evidencia territorial y mostrar capacidades disponibles, pero si una institución desconoce qué puede pedirle a otra, quién autoriza un recurso o qué información puede legítimamente compartir, el mejor tablero terminará siendo apenas una pantalla más.
La oportunidad está ahí. Chile está construyendo una institucionalidad que exige mayor intercambio de datos y, al mismo tiempo, espacios formales —como los COS— donde esa información debe convertirse en decisiones territoriales. Si ambos procesos avanzan separados, habrá mejores bases y reuniones, pero no necesariamente una mejor coordinación.
Por eso el debate ya no debería centrarse en quién posee más información. La pregunta correcta es otra: ¿cómo conseguimos que la información autorizada, proveniente de sistemas distintos, llegue a quienes deben actuar cuando todavía puede cambiar el resultado?
Si ZEUS logra demostrar técnicamente esa capacidad, su valor no estará en reemplazar al Estado ni en competir con sus sistemas. Estará en ayudar a que capacidades que hoy existen por separado puedan operar como un conjunto. Ese es el verdadero salto pendiente: pasar de sistemas que informan a sistemas que permiten comprender, coordinar y decidir.
Porque el desafío ya no es producir más datos sobre seguridad. Es conseguir que la información correcta llegue a la persona correcta mientras todavía existe tiempo para actuar.
José Alejandro Naredo Moya es Suboficial Mayor del Ejército de Chile (R), con más de 35 años de trayectoria en conducción de unidades, planificación y seguridad, además de dos despliegues en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Es ingeniero en Administración con mención en Seguridad Privada, y posee un Máster en Gobierno y Gestión Pública y un Máster en Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, ambos de ITAE (España).
Cuenta con diplomados en Conducción Estratégica de Personas, Gestión Pública, Seguridad y Criminología, entre otros; certificaciones internacionales SRMP (Security Risk Management Professional) de INSSA, en los niveles Nacional y Regional, y formación en resiliencia y gestión de riesgos mediante UNITAR, UNDRR, OMS y DisasterReady. Su formación militar comprende el título de Técnico de Nivel Superior, Instructor de Caballería Blindada, además de cursos institucionales de Cartografía e Inteligencia de Imágenes, Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), Prevención de Riesgos en la Instrucción para el Combate, Probidad y Transparencia en la Función Militar y Operaciones de Paz, incluyendo formación impartida por el Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC).
Con Información de revistaseguridad.cl
