La seguridad pública se ha convertido en uno de los principales temas de debate político en Chile y América Latina. Según Juan Pablo Luna, politólogo y académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, este fenómeno responde tanto a una preocupación ciudadana legítima como a una dinámica política que puede generar efectos complejos sobre la democracia y la capacidad de los estados para responder a los problemas de fondo.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el investigador señaló que la creciente relevancia del tema no es exclusiva de Chile, sino que forma parte de una tendencia regional que se ha profundizado tras la pandemia. Luna explicó que en los últimos años se ha observado un reforzamiento de esta lógica y una mayor preocupación ciudadana por razones justificadas. Afirmó que la seguridad se ha vuelto el tema central de la disputa política a nivel regional, con la excepción de Argentina, donde la inflación ha dominado el debate, pero en el resto de América Latina existe una creciente presión sobre los sistemas políticos para resolver los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía.
Sin embargo, Luna advirtió que cuando la seguridad monopoliza la agenda pública, otras áreas relevantes para el desarrollo social comienzan a quedar subordinadas a esa discusión. Señaló que distintas políticas sectoriales y beneficios sociales empiezan a condicionarse en función de criterios asociados a la seguridad, lo que ejemplifica cómo estos temas terminan condicionando otros ámbitos de política pública que son centrales para la ciudadanía.
El académico afirmó que este fenómeno puede derivar en dilemas complejos para las democracias contemporáneas. Según su análisis, el caso más extremo en la región es el de El Salvador, donde la respuesta al problema de las pandillas ha significado restringir libertades fundamentales. Luna indicó que cuando la seguridad se toma la agenda se generan dilemas normativos muy complicados, en los que la solución planteada en algunos países termina canjeando libertades civiles que son consustanciales a la democracia por una mayor sensación de seguridad.
Para Luna, la disposición de parte de la ciudadanía a respaldar medidas más autoritarias no puede entenderse únicamente desde la preocupación por la delincuencia, sino también desde el desgaste acumulado de los sistemas democráticos de la región. Explicó que existen democracias que funcionan en contextos de alta desigualdad, con fenómenos persistentes de corrupción y niveles significativos de violencia, mientras la ciudadanía observa élites políticas cada vez más desconectadas de sus problemas cotidianos.
En ese contexto, Luna afirmó que el deterioro de la confianza en las instituciones no resulta sorprendente. Señaló que la ciudadanía percibe que las élites políticas no han sido capaces de resolver problemas relevantes, lo que abre espacio a liderazgos populistas y genera sistemas políticos cada vez más ineficaces para sostener su legitimidad.
Según el académico, esta situación explica por qué los gobiernos enfrentan períodos de respaldo cada vez más breves. Afirmó que se observan lunas de miel cada vez más cortas, donde alguien gana una elección con más del 50% de los votos y rápidamente se encuentra con su incapacidad para gobernar y para cumplir las expectativas que ayudó a construir durante la campaña.
Luna también cuestionó la lógica electoral que se ha instalado en torno a la seguridad, donde los distintos sectores políticos compiten por mostrarse más duros frente a la delincuencia. Señaló que se genera una competencia política para ver quién promete más mano dura y quién logra aparecer como más efectivo frente al crimen. Indicó que muchas veces se hacen promesas imposibles de cumplir y se construyen expectativas que luego terminan frustrando aún más a la ciudadanía.
A su juicio, esa dinámica termina debilitando las capacidades institucionales necesarias para enfrentar fenómenos cada vez más complejos. Luna sostuvo que el problema de seguridad que enfrenta Chile requiere menos estridencia y más gestión pública, que demanda coordinación entre distintas instituciones del Estado y políticas de largo plazo.
El investigador agregó que esta lógica también contribuye a erosionar la confianza en organismos clave para el combate de la delincuencia. Indicó que cuando todo se transforma en conflicto político, cuando se explotan permanentemente los escándalos y se judicializa la política o se politiza la justicia, se termina minando la confianza institucional. Esto ocurre justamente cuando más se necesitan instituciones sólidas para enfrentar fenómenos criminales cada vez más sofisticados.
Finalmente, Luna planteó que uno de los efectos más preocupantes de esta situación es el alejamiento progresivo de sectores importantes de la población respecto de las instituciones formales. Advirtió que mientras el sistema político permanece atrapado en una pelea permanente, una proporción creciente de la población, especialmente de los jóvenes, empieza a salir con los pies del sistema, desentiéndose de la política, de la legalidad y de las promesas de movilidad social asociadas a la educación o al trabajo formal.
El académico sostuvo que el crecimiento de los mercados ilegales e informales está generando nuevas formas de integración económica y social para personas que no encuentran oportunidades dentro de los canales tradicionales. Concluyó que existen dificultades para incorporar a sectores relevantes de la población a través de la economía formal, y al mismo tiempo aparecen mercados ilegales que ofrecen retornos económicos atractivos, fenómeno que se está observando en Chile y en buena parte de América Latina.
Con Información de radio.uchile.cl
