Tras un intenso proceso legislativo, la iniciativa fue aprobada sin modificaciones en la Cámara Alta. El proyecto busca perfeccionar la operatividad de la Ley 21.802 y entrega a los gobiernos locales herramientas clave y recursos estratégicos para enfrentar la crisis delictiva que afecta a los barrios del país.
El debate parlamentario puso de manifiesto una urgencia compartida por alcaldes y comunidades de distintos sectores, que reclamaban el fin de una situación de “indefensión legal” frente al crimen organizado. El texto aprobado regula con detalle el régimen laboral, de responsabilidad y de remuneraciones del personal contratado con fines de seguridad comunal, conforme al Código del Trabajo. Gracias a esto, las municipalidades podrán destinar hasta el 25% de sus ingresos propios a la contratación de inspectores de seguridad, previa visación fundada de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y de la Dirección de Presupuestos.
La nueva normativa sitúa al ámbito local como un actor complementario y coordinado con las policías estatales, sin sustituir las atribuciones de Carabineros ni de la Policía de Investigaciones. Uno de los aspectos más discutidos fue la institucionalización integral de los inspectores municipales, quienes a partir de ahora cuentan con un marco claro de exigencias físicas y psicológicas, que podrán ser validadas en centros de salud públicos o privados. También se definen los tipos de licencias requeridas para conducir vehículos municipales, para lo cual se exige una antigüedad mínima de tres años al volante.
Para que estos funcionarios puedan cumplir sus tareas de protección en terreno con seguridad, la ley obliga a las administraciones locales a entregarles indumentaria de resguardo personal, como chalecos antibalas, cascos, gas pimienta y dispositivos de pulsación eléctrica. Sin embargo, la normativa prohíbe de manera tajante que porten o usen armas de fuego o instrumentos cortantes.
Transparencia y televigilancia: el nuevo estándar comunal
Junto con el fortalecimiento operativo, la norma incorporó exigentes mecanismos de probidad institucional. Una de las medidas más comentadas obliga a alcaldes y concejales a someterse a tests de drogas periódicos y obligatorios. Si el resultado es positivo y no existe una justificación médica legítima, la autoridad perderá su cargo de forma inmediata, una disposición orientada a blindar la confianza ciudadana en quienes gestionan las estrategias preventivas.
En el ámbito tecnológico, se reguló de manera general el uso de sistemas de televigilancia preventiva. Los municipios quedaron plenamente autorizados para operar redes de cámaras urbanas, siempre bajo estrictos parámetros de protección de datos personales y con la prohibición categórica de captar o almacenar pistas de audio, con el fin de no vulnerar el derecho constitucional a la privacidad de las personas.
Con Información de revistaseguridad.cl
