Con un respaldo transversal de 121 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó ayer las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de “ley corta” de seguridad municipal, que introduce cambios a la Ley N.º 21.802. Con este despacho, la iniciativa quedó totalmente tramitada en el Congreso Nacional y solo resta su promulgación, así como su publicación en el Diario Oficial para entrar en vigencia.
La normativa tiene como propósito resolver nudos críticos y otorgar mayor flexibilidad a la aplicación práctica de la ley original de seguridad municipal. Estos son los principales puntos contenidos en el texto aprobado:
Financiamiento y límites de gasto: habilita de manera permanente a las municipalidades para asignar hasta un 5% de sus ingresos propios del ejercicio anterior a la contratación de inspectores de seguridad. Ese porcentaje puede elevarse, de forma excepcional, al 15% con el visado de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), e incluso alcanzar un tope de 25% si además se cuenta con la autorización de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Régimen laboral de los inspectores: faculta la contratación de personal de seguridad conforme a las normas del Código del Trabajo. No obstante, dichos trabajadores conservarán la condición de funcionarios públicos para efectos de responsabilidad administrativa, y todo despido por faltas graves deberá estar precedido de una investigación o sumario administrativo.
Flexibilización de las licencias de conducir: difiere por 36 meses la exigencia de contar con licencia clase F para conducir vehículos municipales de seguridad. De manera transitoria, se autoriza el uso de licencias no profesionales acordes al tipo de vehículo, siempre que el conductor acredite una antigüedad mínima de tres años con dicho documento.
Requisitos médicos más accesibles: se amplían las alternativas para acreditar la idoneidad física y psicológica de los inspectores, al permitirse que los exámenes de postulación se realicen tanto en el sistema público como en establecimientos privados y mutuales de seguridad.
La votación en el hemiciclo marcó el cierre de una etapa legislativa clave para el fortalecimiento del marco normativo e institucional en materia de seguridad y fiscalización. La amplia mayoría alcanzada evidenció el consenso técnico y político respecto de la urgencia de adaptar la legislación vigente a las demandas operativas y a las necesidades de protección ciudadana.
Durante la sesión, los parlamentarios valoraron los alcances operativos del texto despachado y subrayaron la necesidad de disponer de instrumentos jurídicos ágiles que permitan a los organismos competentes actuar con mayor eficacia en el territorio. Con este paso, el Poder Legislativo finalizó la revisión de la norma y remitió el texto al Ejecutivo para su correspondiente sanción institucional.
Con Información de revistaseguridad.cl
